Statements

June 21, 2017
OAS: Derechos Humanos, Democracia, y Estado de Derecho

Declaración de S.E. Arzobispo Bernardito Auza
Nuncio Apostólico y Observador Permanente de la Santa Sede
a la Organización de Estados Americanos

Derechos Humanos, Democracia, y Estado de Derecho
Cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

19-21 de Junio, 2017, Cancún, México

Señor Presidente,

Quisiera expresar el agradecimiento de nuestra delegación por la elección de este tema para nuestra consideración común, con miras a lograr una comprensión más profunda de los desafíos mundiales en materia de derechos humanos a los que nos enfrentamos en la actualidad, para así llegar a soluciones más holísticas.

En el seno de los derechos humanos está el reconocimiento de que todas las personas son dotadas de la misma dignidad y valor, y tienen un derecho fundamental a la vida que debe ser defendido y protegido en todas las etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Desafortunadamente, en vez de priorizarlos, se sigue ignorando, descartando y cuestionando el derecho a la vida de los no nacidos, de los migrantes en busca de seguridad, de las víctimas de los conflictos armados, de los pobres, de los discapacitados, de los ancianos y de los que están condenados a la pena de muerte.
El estado de derecho está destinado a desempeñar un papel más allá de mantener la armonía y el orden. También debe ser un maestro ejemplar. Por consiguiente, está estrictamente vinculado a la protección de los derechos humanos.

La Santa Sede alienta entonces a la OEA a continuar y a extender sus esfuerzos en el Hemisferio para promover los derechos humanos universales e inalienables. Los pilares del desarrollo humano integral, como la vivienda digna, el empleo adecuadamente remunerado, la alimentación adecuada y el agua potable, así como la libertad y los bienes espirituales, tienen su fundamento común en el derecho a la vida, sin el cual la existencia humana es imposible.

Se han conseguido algunos avances en este sentido. Mi delegación celebra, en particular, las iniciativas que proporcionan recursos prácticos y evaluaciones in situ centradas en garantizar el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los detenidos, los indigentes, los refugiados y otras personas desplazadas.

Al mismo tiempo que reconocemos el papel fundamental de los jueces, fiscales, abogados y otros participantes vitales en la aplicación del estado de derecho, mi delegación está especialmente preocupada por las personas sujetas a acciones legales, en particular las detenidas ilegalmente, los injustamente acusados, los discapacitados mentales, y aquellos que no tienen ni abogado, ni influencia política ni recursos para reivindicar sus derechos. Deben establecerse garantías jurídicas y normas prácticas para ayudar a estas categorías de personas a ser reconocidas y protegidas dentro del sistema jurídico.

La Santa Sede desea subrayar el vínculo entre el estado de derecho y la libertad de opinión y de expresión, tal y como se reconoce en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El encarcelamiento y el asesinato de periodistas, investigadores o activistas a menudo es una señal de que un poderoso interés intenta eludir la rendición de cuentas; esto atenta contra los derechos humanos, contra la democracia y contra el estado de derecho.

Por último, la independencia del poder judicial es un elemento esencial del estado de derecho y de la justa dispensación de justicia. Alentando a quienes insisten sobre la necesidad de una libertad responsable en el ejercicio de su función judicial, el Papa Francisco declaró que "sin tal libertad, el poder judicial de una nación es corrupto y corruptor.”[1] El poder judicial se corrompe, como dice el Papa Francisco, porque los factores políticos son valorados ilegítimamente sobre la balanza de la justicia; mientras que el poder judicial que no es independiente corrompe porque sus fallos, que no gozan de la legitimidad obtenida por una aplicación imparcial del derecho, infectan la jurisprudencia con principios defectuosos, poniendo en peligro la justicia y el bien común. Cuando existe un poder judicial corrupto y corruptor, el estado de derecho da paso a la ley del más fuerte.

Muchas gracias.

1. Papa Francisco, Discurso en la Cumbre de los jueces sobre trata de personas y crimen organizado, 3 de junio de 2016.